La Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Secretaría de Hacienda Departamental, desarrolló en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) una jornada de capacitación interinstitucional orientada a fortalecer las acciones de prevención y control frente al contrabando en el territorio insular.
El espacio reunió a empresas importadoras, agencias de aduana y representantes de diferentes entidades vinculadas a la vigilancia y regulación del comercio, entre ellas la Policía Nacional, la Armada Nacional, la DIAN, la Cámara de Comercio y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quienes participaron en actividades de formación sobre la normatividad vigente en materia anticontrabando y el uso de herramientas tecnológicas para la gestión aduanera.
Durante la jornada se socializaron aspectos relacionados con la plataforma SYGA (Sistema de Información y Gestión Aduanera), una herramienta que permite optimizar los procesos asociados a las operaciones de comercio exterior, facilitando el acceso a la información y fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y control.
La implementación de este sistema representa un importante avance para el departamento, al promover la transición de procedimientos manuales hacia una gestión digital más eficiente, segura y transparente. Asimismo, contribuye a mejorar la trazabilidad de las operaciones aduaneras y a fortalecer la capacidad institucional para prevenir prácticas ilegales que afectan la economía local y la competitividad del territorio.
Las autoridades destacaron que la lucha contra el contrabando requiere del compromiso conjunto entre el sector público y privado, así como del fortalecimiento permanente de las capacidades técnicas y operativas de las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control.
A través de estas acciones, la Administración Departamental reafirma su compromiso con la protección de la economía del Archipiélago, la promoción de la legalidad y el fortalecimiento de mecanismos que garanticen un comercio transparente y responsable, en beneficio del desarrollo económico y social de las islas.
