Con el propósito de promover una atención más accesible, respetuosa e incluyente para todos los habitantes del Archipiélago, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del programa de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrolló una jornada de capacitación dirigida a los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el territorio.
Durante este espacio formativo, una profesional especializada en trabajo social e inclusión compartió herramientas y orientaciones sobre el uso adecuado de la terminología relacionada con la discapacidad, el lenguaje inclusivo y las buenas prácticas para la atención de personas con diferentes tipos de discapacidad. La capacitación también permitió fortalecer conocimientos sobre el enfoque de derechos y la importancia de eliminar barreras actitudinales en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Esta articulación institucional adquiere especial relevancia en el marco de las próximas jornadas electorales, ya que contribuye a garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, autonomía y respeto, recibiendo el acompañamiento adecuado cuando así lo requieran.
Asimismo, teniendo en cuenta el alto flujo de ciudadanos que diariamente acuden a la Registraduría para realizar diversos trámites y servicios, la capacitación fortalece la capacidad de respuesta de la entidad para brindar una atención más empática, inclusiva y centrada en las necesidades de cada usuario.
La iniciativa hace parte de las acciones que impulsa la Administración Departamental para promover la inclusión social y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo las competencias de los servidores públicos y fomentando una cultura institucional basada en el respeto, la equidad y la no discriminación.
La Gobernación continuará promoviendo espacios de formación y sensibilización con entidades públicas y privadas, con el objetivo de consolidar entornos más accesibles e inclusivos que permitan la participación plena de todas las personas en la vida social, comunitaria e institucional del Archipiélago.
